Forestalia paraliza la inversión de cien millones en su planta de biomasa de Monzón ante la demora administrativa
El grupo energético aragonés Forestalia ha paralizado su anunciada inversión de cien millones de euros para levantar una planta de biomasa en Monzón ante la demora en la tramitación administrativa, de más de dos años. Sin embargo, la compañía exonera de responsabilidad al Gobierno de Aragón y achaca todo a los ecologistas por recurrir el polémico proyecto, cuya reactivación se supedita ahora a ganar otra subasta estatal. Esto deja en el aire la creación de los 50 empleos directos comprometidos en la ciudad altoaragonesa, ya que ni siquiera hay fecha para una nueva convocatoria en el Ministerio de Industria.
Ante el retraso en obtener los permisos para la planta de Monzón, la empresa ha decidido invertir en su planta de Cubillos de Sil (León), que cuenta con el respaldo financiero y la participación societaria del Ejecutivo autonómico del PP. Este apoyo fue igualmente decisivo para Forestalia, a la que el Ministerio de Industria le concedió 108,5 megavatios de generación por biomasa en la primera subasta, celebrada en enero de 2016, con la obligación de ponerlos en desarrollo antes de la primavera de 2020 para evitar penalizaciones millonarias.
La empresa garantiza su apuesta eólica y fotovoltaica en Aragón
La planta de León, cuya construcción ha adjudicado a Acciona, tiene 49,5 megavatios y el resto de la generación otorgada se la ha vendido a otra empresa del sector, Ence, que levantará sus propias instalaciones en Puertollano. Los planes de Forestalia pasaban por levantar otra planta en Guardo (Palencia) para completar los megavatios concedidos hace dos años, pero ha desistido por la misma «incertidumbre en los plazos» que la de Monzón. En este caso, también cosechó la oposición ecologista.
El vicepresidente de Forestalia y responsable directo del área de biomasa, Fernando Muñoz, aseguró a este diario que la inversión de Monzón «no está en peligro». «El presidente, Fernando Samper, quiere hacer la planta a toda costa. Lo que pasa es que, sinceramente, no hemos podido meternos en una inversión porque no había seguridad», dijo.
Muñoz incidió en que, a diferencia de la energía eólica y fotovoltaica, la biomasa no es viable sin la prima recogida en la subasta y, por tanto, deberán esperar. «No llegamos a hacerlo en Monzón por los problemas conocidos, por lo que demoramos su construcción hasta la siguiente subasta. Y será la primera que hagamos», añadió.
Pese a la contundencia de la compañía, el alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, aseguró este miércoles «no tener ninguna novedad» ni constancia de que la empresa «haya desistido».
La tramitación de la planta de Monzón se remonta a 2012, aunque sufrió ajustes desde entonces al cambiar el abastecimiento de plantaciones de eucalipto a residuos forestales de limpieza de montes y paja de cereal.
Las instalaciones se pretendían construir junto al casco urbano de la ciudad sobre unos terrenos recalificados para impulsar el proyecto, pero generó contestación social, especialmente entre los grupos ecologistas. El hecho de que se pretendiera levantar a 600 metros de las casas fue la principal denuncia de Ecologistas en Acción, que solicitó en los juzgados que el expediente se echara atrás al considerar que no se había tenido en cuenta las afecciones a la salud de una planta de 49,5 megavatios.
La batalla judicial la perdieron los ecologistas en noviembre de 2016, pero su recurso de alzada contra la autorización ambiental integrada tuvo consecuencias. Aunque no fue admitida a trámite por extemporáneo, al mismo tiempo el Inaga ordenó el inicio de un procedimiento de revisión de oficio de la autorización, que se alargó todo ese año. Finalmente, se resolvió en febrero de 2017.
Nuevo paso de los ecologistas
Ecologistas en Acción reclamó este miércoles la resolución del expediente de la planta incineradora de biomasa de Monzón por caducidad, al no haber presentado los estudios requeridos sobre la emisión de partículas contaminantes.
La revisión de esta autorización ambiental la condiciona a la presentación de un proyecto que garantice una red de medidores de contaminación. Este documento se debería haber presentado hace un año, en mayo de 2017, pero fuentes de la DGA indicaron que no lo ha entregado. Eso sí, aclararon que la empresa no está incumpliendo el plazo, ya que tiene 5 años desde la solicitud hasta que caduque el proyecto en conjunto.
Desde la empresa subrayaron que a ese plazo de tiempo incluso cabría la posibilidad de solicitar prórrogas para presentar ese estudio en caso de que el proyecto siga adelante.
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