EL AYUNTAMIENTO INOPERANTE
Comprar una casa mediante un préstamo hipotecario para cualquier persona es, la mayoría de las veces, la decisión de inversión más importante de su vida. Constituir una obligación por veinte o treinta años está sujeta a muchas variables, no sólo económicas. En Barbastro, lamentablemente, una de las variables más importantes a considerar es la degradación progresiva de varias zonas de la ciudad bajo la apática mirada de su Ayuntamiento, lo que obliga a suponer hasta dónde llegará en las próximas décadas el perímetro de esos espacios urbanos “guetizados” y abandonados a su destino, para evitarlos.
La naturaleza propia de una Administración Pública, como lo es un Ayuntamiento, es su carácter de organización instrumental, que se manifiesta en una vocación dinámica tendente a dar cumplimiento a los objetivos que justifican su existencia. Pero en la práctica sabemos que no siempre pasa así, que a veces se produce la inactividad de la Administración.
Cuando hablamos del urbanismo en una ciudad, lo normal debería ser que el gobierno local actuara impidiendo la degradación de su casco urbano; porque la inacción, tolerando la degradación de ciertas zonas, más allá de los problemas de convivencia que genera, arruina la inversión de las familias que ya habitaban el barrio; e inhibe tanto a nuevas personas en busca de vivienda de venir a vivir en estas zonas, como a los propietarios de invertir en su rehabilitación; retroalimentándose de esta guisa una dinámica muy negativa. Afecta esta inhibición incluso a las zonas aledañas, con lo que el proceso, si no se lucha decididamente contra él, es de muy difícil contención.
En Barbastro, una familia que en el año 2003, con unos precios inflados por la burbuja, comprara mediante una hipoteca a treinta años una vivienda en cualquier zona entonces humilde y ahora degradada, ha visto como su inversión tras quince años de pagar su cuota hipotecaria se ha evaporado por la parálisis municipal. Hoy su vivienda vale poco y a esta familia aún le pueden restar otros diez o quince años más de pagar la hipoteca. Y esto no es mala suerte ni fuerza mayor, es un drama perfectamente evitable. Esta es una situación que afecta además especialmente a los sectores menos pudientes del cuerpo social, y que potencialmente, si se sigue con la apatía habitual, puede extenderse en un periodo de una o dos décadas a nuevas partes de la ciudad hasta ahora tranquilas.
Y no es una cuestión de valoraciones políticas, es que el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar y detener esa dinámica degradatoria. La actividad de la Administración no está sólo sometida al principio de legalidad, sino también a otros como el de eficacia (Art. 103.1 CE). La inactividad de la Administración, no sólo es un comportamiento que contradice su misma naturaleza; es una infracción de este principio de eficacia, porque es sustancialmente una manifestación de ineficacia, que incumple la razón de ser del Estado Social de Derecho, concebido como un orden efectivo de convivencia social, al que se le opone una Administración inactiva.
Joaquín Puyuelo Morillo
Miembro Foro B21
