ORDENANZA DE CONVIVENCIA CIUDADANA
Por Eduardo Pérez Barrau, miembro del Foro B21
La ordenanza de convivencia ciudadana ha pasado a convertirse, con los años, en una mera declaración de intenciones carente de efectos. Un documento que regula pero que no obliga, que atañe a la convivencia pero no la mejora y que se centra en la ciudadanía pero no en toda. Un oxímoron en formato legal, legalmente sin consecuencias.
Junto a este pasotismo, y de forma latente, siempre aflora un problema de ejemplaridad pública e incentivos. De ejemplaridad, porque el mayor responsable del cuidado del espacio público, nuestro ayuntamiento, no se pone al frente de las demandas de la población en este asunto; y de incentivos, porque el ciudadano al ver que la administración se lava las manos y no actúa acaba «flexibilizando» su comportamiento…y mirando hacia otro lado.
Este relativismo nos desliza hacia una «italianización» de la política. Es decir, un proceso en el que la inhibición de los poderes públicos a la hora de buscar solución a los problemas es suplida por la iniciativa de una preocupada sociedad civil. Un ejemplo es la última campaña de la Asociación de Empresarios de Barbastro sobre los orines de los perros. Lo que es competencia municipal, proteger el espacio público y sancionar las actitudes incivicas, es sustituida por una acción de concienciación y protesta por parte de los comercios de la ciudad.
Se equivoca nuestro ayuntamiento al considerar que el civismo se fomenta delegando su cumplimiento a través de campañas informativas de terceros o apelando al buen proceder de los ciudadanos. Lo anterior sólo genera desigualdad, la de unos vecinos cumplidores y respetuosos con la vida en sociedad; y la de otros, situados al margen de la educación exigida y sabedores que nada les va a ocurrir.
