ANOMALÍA EN LA POLÍTICA MUNICIPAL

No entra en la categoría de normal, más bien todo lo contrario, la dimisión de siete concejales en lo que llevamos de legislatura en el Ayuntamiento de Barbastro. Estamos hablando de que más de un cuarenta por ciento de los integrantes de la corporación municipal han dicho adiós anticipadamente. Un balance de concejales “caídos” que constituye todo un récord en la “liga local”, no cabe duda.

Ningún barbastrense puede alegrarse de esta situación. Los problemas que se derivan de esta anomalía los acabamos pagando directamente los ciudadanos en muchos terrenos: parálisis de los proyectos, servicios públicos cada vez más deficientes… además de conducir a una creciente desafección por la política. Esta desbandada de concejales repercute de forma destacada en el equipo de gobierno, unos dirigentes cuyos deberes y compromisos con la ciudadanía se ven más que cuestionados por estas deserciones ¡y con razón! Veremos qué nos deparará el pleno extraordinario que se ha anunciado para tratar esta situación y las conclusiones que puedan extraerse.

Todas estas renuncias agravan el bloqueo político del ayuntamiento y entorpecen, todavía más, la organización y las decisiones administrativas. Con cada una de ellas,

un nuevo concejal debe aprender sus competencias y eso siempre lleva su tiempo. Como hemos dicho una y otra vez, los problemas de las esferas política y administrativa, con los concejales y los empleados públicos como responsables, se mezclan y se agravan sin que se vea un pronto remedio que resuelva la situación. Además, presumiblemente, la cercanía de las elecciones hará imposible un arreglo satisfactorio a corto plazo entre los partidos. La consigna política será sobrevivir hasta la reconfiguración de los equipos en la próxima legislatura, nada más.

Los motivos que hay detrás de todas las dimisiones que se han producido solo los conocen sus protagonistas. La excepción la encontramos en la renuncia del último responsable de fiestas . Este se vio envuelto en una extraña denuncia de la que no hemos vuelto a saber nada, sin embargo, dio amplias explicaciones en numerosas entrevistas y comunicados tanto de la supuesta infracción como de la decisión que había tomado.

Hay que señalar un par de cuestiones importantes sobre las consecuencias que acarrea la dimisión de un cargo público y que pueden pasar desapercibidas. La primera es que en una democracia representativa elegimos concejales, depositamos nuestra confianza en una lista de candidatos que se presentan a las elecciones por unos partidos políticos y que, una vez elegidos, conforman la corporación municipal con la figura del alcalde a la cabeza. Ser elegido concejal conlleva una responsabilidad ante los ciudadanos que lo han votado. Renunciar a esa condición crea una deuda política con todos aquellos que depositaron en esa persona, como parte de un equipo, la ilusión de una ciudad mejor.

Segunda cuestión. Cuando resulta imposible sobrellevar la responsabilidad de gobierno por la que uno ha sido designado se deben exponer las verdaderas razones de esa marcha, ante la institución que se representa y ante la ciudadanía . Recientemente, la doctora Calderero, ex jefe de la unidad de oncología del Hospital de Barbastro, ha sido un buen ejemplo de comportamiento ético ante un problema de su competencia que no podía solventar y que ponía en riesgo a sus pacientes. La especialista médica renunció a su puesto y denunció las condiciones de su trabajo. Su acto valeroso, ha propiciado la respuesta que puede dar solución al problema. Para la doctora, el silencio no ha sido una opción. Para el verdadero político, tampoco.

Valoramos y reconocemos el trabajo de todos y cada uno de los concejales, y todo lo expuesto no nos impide admitir que estas renuncias no se han tomado con frivolidad y que habrán obedecido a circunstancias que las justifican. No cuestionamos el legítimo derecho a dimitir, incluso en ocasiones puede constituir un ejercicio de responsabilidad, pero son necesarias explicaciones suficientes y veraces, especialmente en este caso. La dimisión de la primera teniente de alcalde, la última de este diezmado equipo de gobierno, no puede despacharse con el silencio de los implicados.

Barbastro no se merece esta situación. El riesgo que corremos como sociedad es que la devaluación de la actividad política, y la creciente profesionalización partidista, nos lleven a un estado de degradación institucional que comprometa el futuro de la ciudad y del resto de administraciones públicas.