EN CONTRA DE LA CESIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA
La publicación reciente en el BOE de las condiciones para la cesión de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos a la administración central ha encendido un debate que no debería haberse producido en las actuales circunstancias. Pocas veces una decisión gubernamental ha generado tanta oposición en el municipalismo tanto a un lado como al otro del espectro político.La propuesta del ejecutivo condiciona el acceso al fondo anticrisis a la cesión voluntaria del remanente de tesorería bajo la fórmula de un préstamo cuya devolución se producirá en 10 o 15 años.
Con este mecanismo se trata de sortear las limitaciones que impone la ley de estabilidad presupuestaria que impide el uso del ahorro público municipal. La contrapartida al préstamo es una aportación del estado al presupuesto municipal los próximos ejercicios.
En nuestra opinión esta propuesta sigue penalizando a la administración local y vulnerando el principio de autonomía municipal. Es cierto que con la ley en la mano no se puede disponer del remanente de tesorería pero adherirse a la propuesta tampoco asegura que se libere en los próximos años. Los plazos excesivamente largos para la devolución de este capital apuntan en esta dirección. Sin modificaciones en la ley vigente cualquier iniciativa de inversión de importancia para la ciudad, por ejemplo para la adquisición de suelo industrial o para vivienda , nos avocaría a formalizar un préstamo para su financiación. Por lo que cualquier operación futura acarrearía un coste financiero a costa del contribuyente de la ciudad. Tampoco el gobierno central permite, a tenor de la propuesta, elegir las acciones y los capítulos de gasto a los que dedicar esta aportación, haciendo tabula rasa de las necesidades particulares de cada ciudad.
Defender el remanente y su disponibilidad integra para Barbastro debería ser la posición de nuestro ayuntamiento en este debate. Sobre todo porque la existencia de este abultado ahorro público es una enmienda a la totalidad de la política económica que se ha realizado en nuestro ayuntamiento durante muchísimos años. Y en cierta medida hasta una reparación.En cualquier caso es competencia de nuestro ayuntamiento, particularmente de sus altos funcionarios, agotar todas las fórmulas previstas en la ley para acceder, aunque sea de forma parcial, a cuántos fondos sea posible. La situación saneada de las cuentas y la amortización total de la deuda así lo permite. Toca hacer cuentas y en esto no hay excusas.
