HABLEMOS DEL CONVENIO DE LIMPIEZA
Por Foro B21
Parece que esta vez va la vencida y Barbastro contará, por fin, con un nuevo convenio de limpieza. Han tenido que pasar nada menos que 23 años para que nuestros representantes políticos se tomen en serio la cuestión y renueven el acuerdo entre el ayuntamiento y la comarca que regula este servicio. Se corrige así una anomalía política y administrativa difícil de justificar, que durante demasiado tiempo ha mantenido a la ciudad por debajo de los estándares de limpieza viaria que serían exigibles.
El desbloqueo del convenio llega tras dos décadas de parálisis, marcadas por continuas fricciones políticas, denuncias vecinales y crecientes dudas sobre la legalidad de la prórroga del acuerdo. Los convenios se renuevan, se adaptan o se rescinden a su debido tiempo: cuando un nuevo equipo de gobierno quiere dejar su sello, cuando la ciudad se transforma o cuando las demandas de sus vecinos cambian. En Barbastro concurrieron todas estas circunstancias y, sin embargo, el convenio siguió sin renovarse.
Detrás de este incomprensible retraso hay un fracaso sin paliativos de la clase política local, y así debe reconocerse. Barbastro ha quedado muy rezagada respecto a municipios de su entorno en la prestación de servicios esenciales, y esa distancia es atribuible, en exclusiva, a la indefinición y desidia de la política municipal.
A la espera de conocer los detalles, todo apunta a que el nuevo convenio se firmará sin resolver el problema de fondo: la organización eficaz del servicio de limpieza. Las declaraciones del presidente de la comarca y del concejal de Servicios generan, al respecto, más desconcierto que certezas y dejan la impresión de que la cuestión les sobrepasa. Conviene recordar, además, que el borrador sobre el que se ha venido trabajando data de 2021. ¡Cinco años para alcanzar un compromiso institucional!
Las dudas, por tanto, están más que justificadas. La normativa vigente establece requisitos legales muy precisos cuando se externaliza un servicio municipal, que es precisamente lo que ha hecho el ayuntamiento al encomendar la limpieza a la comarca.
Entre las muchas condiciones, es obligatorio que el ayuntamiento elabore un pliego administrativo y técnico que fije las condiciones del servicio (itinerarios de recogida y barrido, niveles de calidad exigidos, nueva maquinaria…) y su valoración económica, actualizar la ordenanza cívica con un régimen sancionador realmente disuasorio; y poner en marcha mecanismos de control e inspección que permitan medir el rendimiento real de los trabajos de limpieza. Esta labor de diagnóstico y diseño del servicio es responsabilidad del adjudicador, el ayuntamiento, y debería haberse abordado con antelación, rigor y preferiblemente con un mecanismo de participación ciudadana.
En cuanto a la vertiente económica, cabe detenerse en la partida destinada a la limpieza viaria en el presupuesto de la ciudad. Como veremos en un segundo artículo, las cifras son decepcionantes y no soportan comparación alguna con las ciudades de nuestro entorno.
Por último, el desencuentro pasado entre el ayuntamiento y la comarca por este asunto debería haber sido motivo más que suficiente para explorar nuevas formas en la prestación de este servicio. Un procedimiento de licitación abierto hubiera agilizado la contratación y habríamos evitado quedar rehenes de esta situación.
La firma de un convenio no es más que la culminación de un trabajo previo, político y técnico, que fija las obligaciones de las partes en una materia concreta. Sobre ese trabajo, por el momento, nada ha trascendido.
