INMIGRACIÓN, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL
Por Eduardo Pérez Barrau. Miembro del Foro B21
Hace unas semanas nos despertamos con uno de esos anuncios que dejan entrever el rumbo que tomarán la economía y la sociedad en los próximos años. Los medios de comunicación regionales se hacían eco de la macrooferta de empleo lanzada por la empresa Litera Meat, en la que se anunciaba la contratación de varios centenares de trabajadores extranjeros para su planta en Binéfar. La oferta laboral incluía un contrato estable y, como novedad, la posibilidad de acceder a una vivienda en la zona.
La magnitud de esta oferta laboral no tiene precedentes comparables, y, de concretarse en los términos anunciados, podría traducirse en la llegada de entre mil y dos mil nuevos residentes a nuestro territorio, incluyendo tanto a los trabajadores como a sus familias.
Un contingente de población considerable no solo para Binéfar, sino también para Monzón y Barbastro, ya que estos trabajadores se repartirían, en su estancia en España, por todas las localidades del eje del Cinca.
Parece claro que esta decisión de Litera Meat irá de la mano de nuevas inversiones productivas en la industria alimentaria; un sector económico en pleno auge con un potente y competitivo foco de actividad en las comarcas orientales de Huesca. Por otro lado, esta oferta de trabajo dice mucho sobre la situación en la que se encuentra el mercado laboral en la actualidad. El hecho de que vaya dirigida exclusivamente a trabajadores de origen extranjero indica las dificultades para atraer empleados nacionales a estas actividades y la escasez de población activa en los territorios rurales. Esta realidad laboral explica el elevado porcentaje de extranjeros en la agroindustria, alrededor de un 80% del total de ocupados en el sector.
No obstante, resulta pertinente ir más allá de las cifras económicas y considerar el impacto social de este movimiento migratorio en las localidades de acogida. No basta con que la empresa ofrezca un contrato de trabajo y una vivienda. Es fundamental que la inserción laboral vaya de la mano de una efectiva integración social, y para ello es necesaria la implicación activa de la política.
Las instituciones públicas deben anticipar y planificar las necesidades que generará el aumento de residentes, garantizando la correcta prestación de los servicios esenciales. Este ejercicio de responsabilidad política debe concretarse en acciones específicas, entre las más urgentes: el refuerzo de las plantillas sanitarias en los centros de salud y en el hospital de Barbastro; la contratación de profesorado de apoyo en las escuelas para atender la diversidad cultural y lingüística; la promoción de la formación profesional para adultos; la implementación de programas de integración cultural; y el fortalecimiento de la seguridad pública.
Hay que recordar que la calidad de los servicios públicos varía en función de la población asistida y de los recursos presupuestarios disponibles. Un incremento de población como el que se estima debe ir necesariamente condicionado a un aumento del presupuesto público destinado a financiar un reforzamiento de los servicios públicos.
Un potente sector agroindustrial contribuye a fijar población en el medio rural. Sobre las espaldas de los inmigrantes recae el mantenimiento de muchas explotaciones agro ganaderas y la viabilidad de la industria alimentaria. Pero si bien es innegable la contribución de la inmigración al crecimiento económico, también debe reconocerse los problemas que puede acarrear una elevada presión migratoria en el tejido social y en el espacio público de las localidades receptoras, especialmente, en aquellos contextos donde la política se desentiende de sus responsabilidades.
La integración de población extranjera representa un desafío significativo para la sociedad. También constituye un proceso lleno de dificultades para los propios inmigrantes, quienes, en muchos casos, se ven obligados a abandonar de manera definitiva su país de origen y sus vínculos familiares. Por estas razones, y para de prevenir dinámicas de marginalización que puedan comprometer la cohesión social, las administraciones públicas deben poner en marcha las iniciativas necesarias para garantizar la plena inclusión de la nueva población residente.
