LA COMPETENCIA DESLEAL DE LA ADMINISTRACIÓN
Por Eduardo Pérez Barrau. Foro B21
Dos noticias publicadas recientemente en los medios de comunicación regionales ponen de manifiesto hasta qué punto la zona oriental de la provincia de Huesca queda fuera de los planes de inversión del Gobierno de Aragón.
La primera hacía referencia al respaldo del Ayuntamiento de Huesca a una propuesta impulsada por la sociedad civil oscense (de la capital, se entiende), que insta al Gobierno de Aragón a convertir la plataforma logística de Huesca (PLHUS) en un nodo ferroviario de primer orden dentro del nuevo mapa del transporte ferroviario que se está configurando en España y Europa.
La segunda noticia llegaba desde Cataluña, con el anuncio de una inversión de 120 millones de euros por parte de la Generalitat para la construcción de la plataforma intermodal de Torreblanca Quatre Pilans en la ciudad de Lérida.
Ambos proyectos logísticos —el de Huesca, aún en una fase muy preliminar, y el de Lérida, de inminente ejecución — tendrán un fuerte impacto en el área económica del Cinca. Sin embargo, no será en el sentido positivo que cabría esperar para los intereses económicos y empresariales de Monzón, Binéfar y Barbastro.
Se trata de iniciativas políticas financiadas con fondos públicos de las haciendas aragonesa y catalana. En Huesca, PLHUS, de titularidad pública, se ampliará en el futuro con la incorporación de una infraestructura intermodal. El objetivo es aprovechar la conexión ferroviaria con Francia, que se prevé será una realidad en los próximos años. Asimismo, se busca captar parte del tráfico de mercancías de la línea Zaragoza-Barcelona. A grandes rasgos, se plantea un “PLAZA II” al norte de Zaragoza, una inversión que, naturalmente, asumiría el Gobierno de Aragón.
Por su parte, el proyecto de Lérida persigue un propósito similar. La línea Zaragoza-Lérida-Barcelona experimentará un notable incremento en el tránsito ferroviario, siendo ya la de mayor demanda para el transporte de mercancías en España. Cuenta, además, con el respaldo de la Unión Europea, cuyos planes favorecen este tipo de infraestructuras. Las comarcas centrales de la provincia catalana, cuya estructura económica guarda muchas similitudes con la zona oriental oscense, alberga una potente industria agro ganadera orientada a la exportación.
Geográficamente entre los proyectos logísticos de las ciudades de Huesca y Lérida, y en el mismo eje ferroviario, se encuentra la única terminal intermodal operativa de la provincia de Huesca: TIM Monzón. Unos kilómetros más al este, en La Melusa (municipio de Tamarite de Litera), se están realizando los primeros movimientos de tierra de la futura plataforma logística de Ponentia. Tanto TIM Monzón como Ponentia Tamarite son de propiedad y gestión privadas. En ambos casos, inversores particulares han aportado el capital necesario para la puesta en marcha de estas instalaciones.
Es evidente, por tanto, la colisión de intereses entre los proyectos impulsados en Huesca y Lérida, de carácter público, y los que operan y se desarrollan en Monzón y Tamarite, de capital privado. Dicho de otro modo: la futura entrada en funcionamiento de infraestructuras logísticas en ambas capitales constituye un claro ejemplo de competencia desleal promovida desde las instituciones políticas, que buscan atraer actividad económica aprovechando las ventajas de la financiación pública.
Estos anuncios no habrán sido bien recibidos ni en Tamarite ni en Monzón. Suponen un jarro de agua fría para Ponentia, iniciativa de un grupo de inversores catalanes que ahora se verán obligados, quizás, a reconsiderar el alcance de su inversión ante la aparición de un competidor inesperado a escasos kilómetros.
Nada puede hacerse desde las comarcas orientales del Alto Aragón respecto a la labor de promoción industrial de la Generalitat de Cataluña, pero sí cabe exigir al Gobierno de Aragón un papel más activo para reducir el déficit inversor que arrastra el eje del Cinca. Aun a riesgo de incurrir en cierta demagogia, ya va siendo hora de que los representantes políticos de Binéfar, Monzón o Barbastro exijan a sus jefes en Huesca y Zaragoza que los ingresos fiscales que genera nuestro tejido empresarial se inviertan en nuestro propio territorio.
