MOTORLAND O EL AGRAVIO TERRITORIAL

Todas las miserias de la política de desarrollo aragonesa circulan por Motorland. Vuelve a ser noticia el circuito de Alcañiz por los problemas financieros que arrastra la sociedad pública al frente de la instalación. Unos problemas que se suman al informe de la Cámara de Cuentas cuestionando los efectos positivos del circuito en la economía del Bajo Aragón y a las dudas sobre la estrategia de negocio de este proyecto estrella de la Corporación Empresarial Pública. Unas circunstancias que continuarán agravándose ya que, según declaraciones políticas, volverá a ser otra transfusión de dinero público el vehículo que dará vida al circuito de carreras el año próximo, y así sucesivamente, hasta que la cordura política se imponga y se denuncie el despilfarro acumulado.

Nada de esto sería noticia si no fuera porque los problemas financieros de Motorland amenazan con crear un agujero en las cuentas públicas de difícil digestión, mayor si cabe por la desaceleración económica que se nos viene encima. Un desfase que, más pronto que tarde, tendrá que corregirse con el ajuste presupuestario correspondiente lo cual condicionará el calendario de ejecución de las inversiones comprometidas en otros lugares de la geografía aragonesa. Una decisión política que acabarán pagando los ciudadanos materializada en peores infraestructuras y servicios en pueblos y ciudades.

Aunque puede ocurrir, también, que los políticos sigan eludiendo sus responsabilidades y tiren por lo fácil, que es echarle el marrón a otros. Una actitud que podremos comprobar cuando se anuncie un nuevo paquete financiero cuyo objetivo sea la despoblación, el medio rural o cualquier otro tema relacionado, un fondo de inversiones para Teruel bis, que sirva de tapadera al desfalco. Así paga Madrid, paga Zaragoza y pagamos todos.

Motorland es, actualmente, un proyecto que se sostiene por las circunstancias políticas excepcionales que existen en la provincia de Teruel, las cuales pasan por ser el laboratorio de las políticas rurales de media España. Para el resto de Aragón esta inversión, por la magnitud de dinero público desembolsado, 236 millones de euros, representa el paradigma de un nuevo tipo de desigualdad: la que se produce entre territorios de una misma comunidad autónoma como resultado de la acción “vertebradora” de la administración. En esta modalidad de desigualdad, los recursos públicos se destinan a proyectos de dudosa sostenibilidad económica pero de gran interés político, ignorándose deliberadamente otras iniciativas públicas de mayor impacto social y económico en otros lugares. Es decir: se crea una desigualdad política que implica una desigualdad económica; lo que se da a un territorio, se le quita a otro.

Claro que es absolutamente necesaria la acción de las distintas instituciones en Teruel. Nadie pone en duda los graves desequilibrios demográficos y las carencias en infraestructuras y servicios de esta provincia pero ello no significa que se deba sostener una política territorial con argumentos antieconómicos, y por supuesto, a costa de la financiación pública de otras inversiones, mayormente necesarias, en otros territorios de la comunidad. Seguir avalando, política y económicamente, proyectos como el de Motorland, de cuestionable beneficio social y que abraza la subvención como forma de gestión, supone respaldar un agravio territorial cada vez más insostenible para la mayoría de ciudadanos.

Mientras esto sucede, otras comarcas, como el Somontano o el Cinca Medio, siguen llamando a la puerta del Gobierno de Aragón esperando una oportunidad que, por una idea desfasada de la política de desarrollo, nunca acaba llegando.