EL COSTE POLÍTICO DE LAS COMARCAS
Por Eduardo Pérez Barrau. Foro B21
Los próximos días vamos a asistir a un sinfín de reuniones entre los grupos políticos con el objetivo de alcanzar acuerdos que faciliten las mayorías de gobierno. En aquellas instituciones aragonesas que no haya habido un resultado electoral concluyente los pactos delimitarán el reparto del poder y los compromisos que se deban cumplir a lo largo del mandato. El foco informativo estará puesto en el gobierno autonómico que resulte de estos acuerdos y en las alianzas que sostengan al ejecutivo durante la legislatura. Las nuevos consistorios de las capitales provinciales, y del resto de ciudades de Aragón, atraerán una atención mucho menor, la excepción serán aquellos ayuntamientos que cambien de signo político y de primer edil. Por último, la constitución de la diputación provincial y de las comarcas dejará de ser noticia una vez conformados los respectivos consejos y se dé por finalizada la designación de los cargos institucionales.
Es precisamente la falta de información sobre las comarcas y las provincias el principal obstáculo que tienen los ciudadanos para el seguimiento de la actividad de estas administraciones. Un hecho que no se da sólo en periodo electoral sino que forma parte de la naturaleza política de estas administraciones. Ello se debe en gran parte a la ausencia de mecanismos de evaluación de las iniciativas públicas que se ponen en marcha y al escaso control de la acción de gobierno que realizan los medios de comunicación. Estas administraciones locales están fuera del escrutinio público. Todo lo contrario de lo que ocurre en la administración municipal. En los pueblos y en las ciudades la mayoría de los vecinos son capaces de formarse una opinión más o menos aproximada de la calidad de los servicios que presta su ayuntamiento y de la valía de los concejales asignados a cada una de las áreas municipales. Los resultados visibles de la acción política y el pago recurrente de impuestos mantiene el interés de los ciudadanos por los asuntos locales.
La forma en que se eligen los representantes políticos de las comarcas y de las diputaciones provinciales es otro motivo que ahonda en el desconocimiento que se tiene de la gestión de estas administraciones. Los votantes escogen a los partidos políticos que quieren al frente de su ayuntamiento y la dirigencia de estos partidos, a su vez, elige de entre todos los concejales y alcaldes electos quienes formarán parte de los órganos de gobierno de estas instituciones. Esta democracia indirecta levanta un muro entre los ciudadanos y la “Política” al desaparecer la relación causa-efecto entre el voto y el representante institucional. En este sentido, la campaña electoral deja de ser útil para esclarecer quien va a estar al frente de estas responsabilidades institucionales porque ni hay candidaturas que se conozcan con antelación ni tampoco programas electorales que contengan los objetivos de los partidos políticos en esos territorios. En las elecciones municipales todos ponemos cara al candidato de nuestro partido preferido, en las comarcas y las diputaciones provinciales nadie puede llegar a saber quien las va a dirigir con anterioridad a la publicación de los resultados electorales.
Que las instituciones provincial y comarcal tengan una naturaleza política particular y que el sistema de elección de sus representantes arroje serias insuficiencias democráticas ha creado, con el paso de los años, un problema de legitimidad política. Un fallo de diseño en la arquitectura institucional que ha sido aprovechado por la clase política para colonizar las instituciones públicas y politizar su funcionamiento con el único objetivo de maximizar la presencia de los partidos políticos en todo el entramado de la administración pública.
Un resultado de esta politización ha sido el deterioro de las relaciones de colaboración que deben existir entre los ayuntamientos, las comarcas y la diputaciones provinciales, un hecho que ha derivado en una fuente inagotable de deslealtades institucionales, en un empeoramiento de los servicios públicos y en una erosión de la calidad democrática de las instituciones políticas más cercanas. Un juego de intereses en el que el ciudadano, sin saberlo, ha sido el mayor damnificado.
Harían bien los nuevos gestores políticos que han salido de las urnas en limitar el coste que tiene para la sociedad, y en especial para el mundo rural, la politización de las comarcas y las diputaciones provinciales. No sólo porque al hacerlo se está cerrando el paso a los comportamientos oportunistas y a los peores intereses de no pocos individuos sino porque es la única forma de aspirar a una gestión eficaz, y profundamente democrática, de la administración pública.
